20 de Mayo de 1994 por JOSÉ LUIS PÉREZ MENA.

Estamos viviendo, en el ámbito de la sociedad española, una grave situación que refleja que algo no está sano en el seno de la familia y de las relaciones personales hombre-mujer, que está produciendo una gran convulsión por los graves acontecimientos que están teniendo lugar de violencia, agresión y malos tratos hacia la mujer.

 

La pregunata que cualquier jurista se hace estos días es si una modificación de las penas dentro de nuesto Código Penal es la solución, si un endurecimiento de las que castigan estos hechos delictivos seria la panacea que vendría a dar la solución esperada a tan grave e importante lacra. Creo y esta es mi opinión, que la mayoria pensamos que no, y que la coerción penal no es sino el último remedio y quizás el menos eficaz para dar una solución al problema.

Visto esto y si analizamos siquiera someramente la cauística de los recientes hechos acaecidos y que han acabado tragicamente, si analizamos cualquiera someramente el intercríminis y el modo de producirse los hechos, onservamos que la limitada únicamente a la represión penal y al endurecimiento de la pena para el agresor.

Por ello y considerados estos hechos como fruto de un cambio social relevante o si mejor decimos de un cambio de sol social y un problema fundamentemente de educación, es necesio que nuestras insituciones, centros de atención a la mujer, asociaciones, la consejería correspondiente, etcétera, comience con una actividad informativa y animada a conseguir crear la conciencia social en todos los estratos socio-económicos y en todas las situaciones de interrelación hombre-mujer (uniones de hecho, matrimoniales, en situaciones de separación y divorcio) de que la violencia es una lacra indigna y degenerativa para el ser humano.

Producido el hecho, creada la conciencia social de la gravedad e indignidad del mismo, creada la repugnancia hacia el que lo prectique en cualquiera de sus formas y entrando en el campo de actuación jurídico-penal es necesio, a mi humilde juicio, una serie de actuaciones que pasan por lo siguiente:

- Un exquisito tratamiento policial hacia la agredida, dirigido a la correcta y adecuada investigación del hecho, la profundización en el mismo y su relevancia y con la actitud dirigida a que quien practique la denuncia, adquiera la dosis más que necesaria de confianza en que el hecho será esclarecido y profundamente investigado, llegando hasta las últimas consecuencias.

- La necesidad de prestación de asitencia jurídica gratuita a la denunciante por los profesionales que prestan estas asistencias dentro del turno de oficio, aún dentro del ámbito de la califiación jurídica de la falta, para que que la necesitada de esta atención adquiera la necesaria confianza en el sistema y la actuación penal, contando con el apoyo ténico-jurídico necesario.

- La persecución adecuada del hecho, lo que sin duda debe llevar a la intervención del ministerio público, creando, si fuese necesario, una sección especializada en el tratamiento, estudio y persecución jurídico-penal de estos hechos.

- La reforma del Código Penal, conjugando los anteriores elementos relatados. A fin de conseguir adecuar la calificación jurídica a la repulsa social que el hecho conlleva.

Sin duda estamos ante un grave problema que la sociedad debe superar y creemos firmemente que la sociedad española está capacitada para afrontarlo y superarlo dignamente.

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